Una matriz productiva saturada, cifras que alertan sobre la caída del empleo privado y un contexto económico nacional que llama a redoblar los esfuerzos de las provincias.  Detrás de la posible reactivación de la minería en Mendoza, a poco de cumplirse 12 años de la sanción de la ley 7.722, empresarios y representantes del sector político mendocino coincidieron públicamente en la importancia de desarrollar la actividad minera para diversificar la economía provincial y dar valor a su vasto potencial geológico. Para el Dr. Raúl Rodríguez, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM), «por la situación que atraviesa el país, la minería está llamada a ser un factor clave para el desarrollo de una provincia tradicionalmente ligada a la agricultura, el turismo y los hidrocarburos».

¿Qué líneas de trabajo sostiene la CAMEM en un período en el que se ha reabierto el debate por la minería en Mendoza?

Nuestro objetivo principal desde la Cámara es el de acompañar y destrabar la situación jurídica que acontece en Mendoza con respecto a la minería, condicionada por una ley, la 7.722, que creemos que tiene que ser derogada. Esa es la máxima aspiración, ya que por su potencial es sumamente importante poder desarrollar la minería metalífera en la provincia. A veces uno escucha a determinados defensores de la ley que afirman que no se prohíbe estrictamente a la actividad, pero sobre ese punto tenemos un dato objetivo: desde que la normativa comenzó a estar vigente -a partir de junio de 2007- a la actualidad, la cantidad de proyectos mineros aprobados es igual a cero. Me eximo de palabras sobre si la ley prohíbe o es regulatoria, pero creo que planteado de esta forma, el esquema vigente es un obstáculo. Tenemos un plan con proyectos que tienden a la modificación de la ley para de alguna manera se pueda congeniar el desarrollo de la minería metalífera con el cuidado y la tutela del recurso hídrico que pregona la norma. Las iniciativas han avanzado a la legislatura, y la buena noticia en medio de este año electoral es que por primera vez fue la clase política la que ha presentado estos proyectos, con bastante adhesión por cierto; y como más importante, se ha encolumnado todo el arco empresarial detrás de este reclamo que busca diversificar la matriz económica de Mendoza. Sumamos actores de peso como la Unión Industrial de Mendoza (UIM), la Federación Económica de Mendoza (FEM) y el Consejo Empresario Mendocino (CEM), y vemos a un sector privado que solicita con firmeza al sector público por la ampliación de la actividad productiva dado el enorme potencial geológico que tenemos en la provincia y que se encuentra desperdiciado.

¿A qué causas le atribuye el creciente apoyo a la minería por parte de empresas, representantes políticos y organismos afines de Mendoza?

En primer lugar, creo que la situación económica que experimenta Mendoza fue lo que generó un histórico apoyo por la minería a nivel empresarial y de distintos actores. La mano de obra privada está hoy en día en el puesto 14 a nivel país, cuando históricamente ocupó el cuarto o quinto lugar. Lo único que ha crecido en Mendoza es el sector público, y hay una reducción de la participación en el PBI, que supo rondar los 4 puntos y hoy está en 2,8 a escala nacional. Vemos un retroceso y evidentemente la matriz económica mendocina está colapsada, conformada mayoritariamente por el sector de hidrocarburos, agricultura y turismo. Tenemos solamente el 4% de la superficie cultivada y el 96% restante sin cultivar, con muchas zonas que poseen amplio potencial minero. No creemos que la minería sea un boleto mágico hacia el desarrollo, pero sí vemos que es un factor útil e importantísimo para diversificar y potenciar la participación de Mendoza. En San Juan, el gran crecimiento que han tenido las empresas mineras y las pymes, paradójicamente muchas de ellas establecidas en nuestra provincia, sirvió de ejemplo y ha motivado al sector privado a organizarse dentro de este pedido histórico en el que solicitamos que se destrabe la situación particular de la minería metalífera.

En la actualidad, la mirada ciudadana sobre la activación de la minería en Mendoza aún se encuentra dividida. ¿De qué manera se debe tratar la comunicación y cuál cree que es la percepción que posee la opinión pública en relación a la actividad?

Para esta actividad es fundamental la comunicación, y creo que hemos fallado sostenidamente en cómo nos hemos comunicado. Desde la Cámara solicitamos cuatro propuestas de comunicación para empezar a desarrollar este factor, que es y será muy importante para la continuidad del sector. De todos modos, creemos que en un plan comunicacional integral y eficiente debería estar presente el Estado. Nosotros, como sector, muchas veces estamos señalados como partes interesadas, y acá el Estado, como responsable del recurso, no puede estar ausente. Su influencia es muy marcada en los medios e instituciones, que muchas veces irónicamente son las que llevan el discurso contrario a la minería. Como por ejemplo en los colegios, donde se enseña que la minería es mala y contaminante. Entonces evidentemente el Estado tiene mucho por hacer dentro de este plan de comunicación, donde también se deberá hablar de regalías, de lo que se va a hacer con lo que se recaude, de cómo se va a controlar a la actividad. Al ciudadano le preocupa la contaminación, los órganos de control y el consumo de agua asociado a la actividad, con el agregado de un cuarto punto que oscila en poder reconocer los beneficios tangibles que deja la actividad a cada provincia. Se tiene la idea de que ‘las mineras se llevan todo, nos contaminan y nos dejan sin agua’; ahora bien, cuando analizamos esto de forma técnica y profunda vemos que ninguna de estas tres aserciones son válidas. Se da por sentado que la minería es necesariamente negativa, entonces la conclusión a la que se arriba es ‘¿Y entonces para qué? Mejor no tengamos minería’. Hay que romper esa barrera, explicar y comunicar lo que realmente se hace. Mendoza no tiene una gran historia minera, entonces cuando se habla de minería se habla de algo que se desconoce. Y cuando uno desconoce, teme. Hay que concatenar un plan donde la comunicación forme parte de una estructura integral que vaya más allá de coyunturas electorales y permita pensar a 20-30 años. Nos falta la claridad de saber qué queremos, y una vez resuelta esa premisa, buscar el camino por dónde ir y las formas de lograrlo. Tenemos que consolidar un plan minero nacional y provincial.»