Por Panorama Minero
¿Cómo definiría el estado de situación de la industria minera de Mendoza?
En Mendoza, la minería es un sector con mucha historia, como es el caso de la producción proveniente de Paramillos de Uspallata, de donde se obtenía el plomo necesario para afrontar la Campaña Libertadora del Gral. José de San Martín para liberar Chile y Perú.
Actualmente la provincia de Mendoza se encuentra trabajando en desarrollar la exploración de nuestros recursos minerales, bajo la normativa existente, y así lo hemos demostrado con la campaña exploratoria de Hierro Indio, la exploración de Cerro Amarillo que se encuentra próximo a iniciar, y los tres proyectos recientemente aprobados de “El Burrero”, “Adriana” y “Las Choicas”, que en breve iniciarán las obras sobre los caminos de acceso con el fin de intentar iniciar algunos pozos exploratorios en esta temporada. Otro ejemplo de acciones concretas en la promoción de la actividad minera se ha demostrado con el proyecto minero denominado “Potasio Río Colorado” (PRC) que hace un par de meses logró transferirse a un inversor privado, luego de un arduo trabajo del Gobierno y Fiscalía de Estado, donde se diagramó un proceso transparente, público y competitivo, fiscalizado todo el tiempo por el organismo de control antes informado, y se logró conseguir un inversor suscribiendo un Contrato de Transferencia de Acciones, y dentro de ello, un programa de inversiones con un sólido anillo de garantías.
En Mendoza también contamos con mucha actividad industrializada de minerales de 2° y 3° categorías: históricamente hemos sido productores de yeso y talco, a ello sumado una industria muy fuerte en calizas, bentonita, puzolanas, y otros minerales que, de alguna manera, hacen una provincia pujante en materia minera. Además de esos minerales, necesitamos avanzar en el campo de la exploración de los minerales de la 1° categoría, decisión tomada por el Gobierno de la mano de la Ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre y del Gobernador Alfredo Cornejo, quien en toda su campaña lo informó a la ciudadanía, así como en la Legislatura en el momento de su asunción.
Es importante subrayar que Mendoza posee un potencial considerable en minerales cruciales para la fabricación de insumos esenciales en el ámbito de las energías renovables. La urgencia del cambio climático nos exige una transición energética hacia fuentes más sostenibles, donde minerales como el cobre se vuelven indispensables para la elaboración de vehículos eléctricos, paneles solares y otros dispositivos. Los departamentos como Malargüe destacan por su potencialidad, lo que nos impulsa a desarrollar políticas públicas concretas para la promoción de proyectos de exploración de nuestros recursos minerales. Estos recursos, que son parte de la riqueza provincial, necesitan inversores que apuesten por su exploración en el extenso secano disponible. En un futuro cercano, buscamos desarrollar de manera sostenible nuestros recursos minerales para generar nuevas fuentes de empleo con salarios competitivos, crear empresas locales y fortalecer el ingreso de divisas a nuestra provincia.
Más allá del tiempo transcurrido desde la sanción de la Ley 7722, ¿considera que la electromovilidad representa una oportunidad única para Mendoza?
Creo que necesitamos avanzar con la industria minera: ha pasado mucho tiempo desde la sanción de la Ley 7722, nos encontramos en una realidad distinta a la de hace 15 años. Es preciso indicar que la gente también está involucrada y activa en las RR.SS., y no es una cuestión de “minería sí o minería no”, la gente sabe de la necesidad de contar con esta industria tan noble y lícita como cualquier otra.
Luego de tantos años de educación contraria a la actividad minera, donde hubo grupos malintencionados que se ocuparon de generar miedos en la comunidad, con errónea y falta información sobre la industria, el mendocino ha tomado una posición concreta sobre la minería, admitiendo la necesidad de aprovecharlos, pero necesita confiar en los controles, los cuales se llevan a cabo usualmente pero ahora deben ser mostrados a las comunidades. Nuestro desafío es reforzar los controles existentes, mostrarlos, hacerlos partícipe de los mismos.
¿Cuál es la percepción política y comunitaria de la minería en Mendoza?
Recientemente la Legislatura provincial aprobó, prácticamente por unanimidad, los 3 proyectos de la empresa Geometales S.A. del grupo Mindlin (El Burrero, Adriana y Las Choicas), lo mismo para el proyecto de exploración Cerro Amarillo, y la misma transferencia de las acciones de PRC a Compañía Minera Aguilar, por lo que podemos concebir que la sociedad, a través de la representación indirecta ejercida por los Diputados y Senadores de la Provincia, aprueba la actividad. He tenido la posibilidad de hablar con vecinos del departamento donde nací y me crié, de San Carlos, uno de las ciudades que más se opuso a la minería, y muchos de ellos luego de haberse informado, empiezan a discutir sobre las bondades y beneficios de la actividad, e involucrándose en la discusión sobre los controles de la misma. Consideramos que no podemos imponer alguna actividad, y eso quedó demostrado en La Rioja, cuando cierta parte de la sociedad se opuso a un proyecto determinado, sin tener norma alguna que restringiera la actividad. Es por ello que el abordaje tiene que ser integral, con la participación e información hacia las comunidades; nada se puede imponer, haya o no ley. Y la vocación territorial es importante.
¿De qué manera se aborda la difusión de la actividad minera desde el sector público en cuanto a alcanzar credibilidad?
La Dirección de Minería de Mendoza cuenta con ese rol de fomento; consideramos que el fomento se debe hacer principalmente informando las bondades de la industria, mostrando los controles, y comunicando también cuándo se sanciona, que la gente lo conozca. Por ello, la primera medida de las acciones de este programa de mejora o fortalecimiento institucional implica el trabajo de una nueva norma que regule el procedimiento minero, que esté a la altura de las circunstancias actuales, y los controles necesarios que toda actividad requiere. En Mendoza contamos con un Código de Procedimiento Minero del año 1945: en ese momento no había normas de contenido ambiental o de responsabilidad social minera; y es por ello que estamos trabajando en su modernización, para generar no solo herramientas de control ambiental sino también de responsabilidad social, en este caso incluyendo a las comunidades en todas las etapas del proyecto, e invitarlas a que sean partes del control.
¿Cuál es la actualidad del proyecto Potasio Río Colorado? ¿Existe un plan de trabajo con el inversor privado?
Antes de asumir en la Dirección de Minería de Mendoza estuve a cargo del área de Asuntos Legales de PRC, y desde dicha empresa trabajamos en un contrato de transferencia de acciones que suscribió la provincia con la empresa adjudicataria del proceso de subasta pública; fue un Merger & Acquisition – Fusión y Adquisición- competitivo a través de un banco de inversiones - UBS-, Banco que también bue contratado a través de un concurso público internacional-; el proceso duró 2 años, con una ingeniería jurídica en la que se trabajó a los fines de poder acceder a los mercados internacionales en la forma más transparente y competitiva, siempre sin vulnerar los principios de la Ley de Administración Financiera de la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta que PRC era una Sociedad Anónima Unipersonal, cuyo único accionista era la Provincia de Mendoza . Ese proceso se auditó en todo momento por Fiscalía de Estado, y finalizó con una transferencia que fue previamente analizada por una Comisión Evaluadora de la Unión de Bancos Suizos UBS LLC.
El informe presentado por UBS llevó a la decisión de transferir las acciones, que luego fuera ratificado por ley. Ese contrato incluye una serie de 5 anillos de garantías para el cumplimento de las obligaciones a las que se comprometió la empresa Compañía Minera Aguilar Potasio S.A.; se trata de un conjunto de varias inversiones, con una primera etapa de ingeniería de detalle o FEL3 a cumplimentar en el plazo de un año, una etapa de 18 meses desde la firma para poner a punto la planta piloto -incluso poder empezar a producir-, y luego de que sea aprobado el FEL 3, un programa de inversiones de hasta US$1.058 millones a invertir en un plazo de 5 años, y con la garantía vigente a lo largo de todo ese proceso.
El Directorio está compuesto por dos miembros en representación de la provincia de Mendoza con derecho a veto sobre este plan de ingeniería. PRC es un proyecto muy importante para la Provincia de Mendoza, una reactivación estratégica. Por supuesto que se trata de un proyecto más pequeño que el contemplado en su momento por Vale, pero también dependerá de los resultados del proyecto de ingeniería, en un principio pensado en una sola línea de producción, también con una producción de 1,5 MT anuales, cuando Vale había pensado en 3 líneas de producción de hasta 4,5 MT anuales. En ese momento era solo viable la logística marítima, al menos al momento de la transferencia de acciones se trataba de algo descartado, pensando ahora en un transporte por ferrocarril y camiones desde Mendoza hasta puertos del Océano Pacifico u Océano Atlántico, dependiendo que el comprador del producto sea China o Brasil.
