Las tendencias globales que configuran el futuro de la industria minera valorizan el vasto potencial geológico de la cordillera de los Andes y renuevan el interés de desarrollo en regiones estratégicas como la de Cuyo. Aunque con realidades muy diversas, las provincias de San Juan y Mendoza tienen por delante la oportunidad de fortalecer su participación y desarrollarse como región proveedora de algunos de los minerales más demandados por los mercados internacionales.
Independientemente de lo que suceda el próximo 27 de octubre en el ámbito nacional, Argentina precisará aumentar el volumen de exportaciones y estabilizar la política macroeconómica como una meta más que necesaria para los próximos cuatro años. Para fomentar el arribo de los ansiados dólares que precisa el país y enfrentar un ajustado contexto económico, la dirigencia nacional -sin distinción alguna- necesitará dar apertura a las grandes actividades productivas y generar consensos internos que acaparen el interés inversor y brinden seguridad en la garantía de esas inversiones.
Sin lugar a dudas que estimular la entrada de capitales no será una tarea fácil, pero el correlato nacional e internacional abre una nueva ventana al país para de- sarrollar una serie de proyectos –algunos conocidos desde hace décadas y otros relativamente nuevos- que poseen parámetros económicos y financieros muy atractivos si se los compara con otros de escalas similares a nivel mundial. Para que esto suceda, sin embargo, se precisarán nuevas estrategias que aseguren la proyección a largo plazo y el mantenimiento de las reglas, a la par de hacer frente a la actual coyuntura con todos los recursos que se encuentran disponibles y bajo parámetros sociales y ambientales equilibrados entre to-dos los actores intervinientes. De hecho, en las distintas esferas de la política argentina ya se habla de avanzar fuertemente en dos sectores clave: el minero, y el del petróleo y gas con Vaca Muerta a la cabeza.
Pese a las complicaciones acaecidas en el pasado cercano, cabe destacar que de acuerdo a CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros)- el sector minero generó exportaciones por US$3.800 millones y tributó $30.000 millones en 2018, cifras que podrán consolidarse más ampliamente si se define una política pública atractiva que posicio- ne al país como un destino auspicioso para la inversión minera considerando especialmente dos factores. En primer término, en el último tiempo y tras un bienio gris en materia de restricciones de caja, las grandes compañías mineras han dado movimientos de peso para reforzar su liderazgo en el mercado de los metales a través de fusiones de enver- gadura y comenzaron a liberar efectivo destinado a la exploración y producción. Por otra parte, la transición hacia una economía global baja en carbono abre paso al desarrollo de aquellos minerales necesarios para fomentar la electromovilidad y las industrias limpias, un sector estratégico que le podrá deparar al país un protagonismo más que resonante para las próximas décadas.
Dado que los sistemas energéticos de bajas emisiones son más intensivos en el uso de minerales que sus contrapartes a base de combustibles fósiles, este cambio de paradigma brindará una gran oportunidad para el sector minero, especialmente en el rubro del cobre, sobre el que Wood Mackenzie proyecta un crecimiento de la demanda de un 250% para 2030; mientras que contribuirá a la aceleración de otros segmentos estratégicos como el litio, cuya demanda se triplicará al 2025. Además, en el ámbito geopolítico, las tensiones entre el gobierno de Estados Unidos y China, y una mayor efervescencia en Medio Oriente, sumado a la apuesta de Donald Trump por bajar la tasa de interés fomentan también el despliegue del mercado aurífero, aunque en este caso las fluctuaciones son más marcadas y no existe una mirada unificada entre los especialistas sobre sus proyecciones, sobre todo por la alta injerencia de este metal en la economía global, donde cada movimiento tiene su peso propio. Recientemente, el oro rompió la barrera de los US$1.500/oz y en declaraciones de Mark Bristow, CEO de Barrick, la gigante canadiense dejó en claro que continuarán apostando por Veladero e invertirán US$34 millones hasta 2020, con el objetivo de ampliar la vida útil de la mina y apuntar a nuevos targets de exploración, considerando incluso una potencial unidad entre Lama y el principal centro minero de la provincia de San Juan.
En base a estas proyecciones, el país se enfrenta al desafío de adoptar una dinámica más robusta para poder capitalizar las oportunidades que se presentan en un período de transición. La posibilidad que abren los mercados para formar alianzas estratégicas impulsa la inserción de nuevos jugadores en el ámbito minero, abriendo paso a jurisdicciones aletargadas que podrán registrar un interés creciente por parte de los inversores en la búsqueda de depósitos minerales atractivos, con sobrados ejemplos en Argentina. En esta vía, nos encontramos frente a un escenario donde el plano nacional y el internacional confluyen de forma muy cercana y particular: en el ámbito nacional urge el desarrollo de grandes actividades productivas, el mundo precisa más minerales, y las mineras -para mantener su poderío y readecuar sus estructuras a estos nuevos escenarios- deberán poner en producción nuevos centros mineros y frenar un potencial faltante de nuevos proyectos a medida que se agotan los recursos de clase mundial en áreas de bajo riesgo actualmente en explotación.
En la Región de la Cordillera de los Andes, el país, el país cuenta con más de 450 proyectos identificados:
• 40 de ellos se encuentran en exploración avanzada,
• 20 en instancias de prefactibilidad y factibilidad,
• 5 en construcción, y
• 12 en operación.
Y en lo que a Cuyo respecta, la importancia de la minería es tal que, impulsada por la actividad, San Juan se consolidó como una de las provincias con mayor crecimiento de la última década, y desde la puesta en producción de la mina Veladero en 2005, hasta 2016, el PIB provincial creció un 145% mientras que a escala nacional promedió sólo el 72%. En contraposición, Mendoza es otra de las regiones prolíficas para el desarrollo minero, pero desde la sanción de la ley 7722 en junio de 2007, el desincentivo por la actividad generó un detrimento acentuado en su economía al punto de que hoy, más de diez años después y en medio de la crisis económica, el potencial minero de regiones como Malargüe ha vuelto a despertar interés en el territorio mientras que se instaló en toda la provincia el debate sobre la reactivación de la industria. El proyecto cuprífero Cerro Amarillo, Potasio Río Colorado y Hierro Indio fueron los tres casos más renombrados desde 2018 a la fecha, aunque este último registró el mayor grado de avance y es el que se encuentra mejor perfilado para su desarrollo tras la audiencia pública realizada el pasado 5 de septiembre y la esperada emisión de la DIA (Declaración de Impacto Ambiental), que se presentará previo a pasar por la Legis- latura.
San Juan, provincia tradicionalmente minera, buscará reforzar su participación
En la región de Cuyo, el caso de San Juan es el de mayor relevancia en relación a la promoción de la minería, actividad que ha sido signada como política de estado y cuyo desarrollo productivo cumple casi dos décadas de vigencia, con un 70% de las exportaciones provinciales surgidas a raíz de esta industria. De 2004 al 2018, el volumen de exportaciones en la provincia pasó de los US$211 millones a US$1.364 millones, cifra siete veces mayor sustentada principalmente por la actividad de las minas Veladero, Gualcamayo y Casposo. Recientemente, el candidato a presidente Dr. Alberto Fernández le comentó al ministro de Minería de San Juan, Dr. Alberto Hensel, que “el país va a contar con los dólares de la minería”, a sabiendas de que en esa provincia se encuentra el 50% de la oferta minera nacional y ya resuena la activación de, cuanto menos, tres proyectos de envergadura para el 2020.
Sólo en la provincia, y en base a estimaciones del Gobierno de San Juan, se acaparan inversiones potenciales de US$16.000 millones de los US$32.000 millones que podrían dinamizarse en todo el país, y una producción anual posible que asciende a los US$8.000 millones en caso de concretarse las principales iniciativas mineras en el territorio. “A mediados de 2020 se va a estar presentando el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) del proyecto Josemaría, después se sumará el impacto de explotación, a fines del próximo año, y lo mismo pasará con el proyecto Los Azules. Para 2021 tendremos el Informe de Impacto Ambiental de Pachón, y con estos tres proyectos se abren perspectivas interesantes en lo que es el desarrollo de la minería del cobre, con un enorme impacto para la economía de la provincia y el país”, señaló a principios de septiembre el Ministro de Minería provincial. Respecto a Pachón, un viejo a-nhelo para San Juan, en reunión con el gobernador Sergio Uñac, Glencore presentó un plan de trabajo con una reconfiguración total del Estudio de Factibilidad de 2012. El proyecto será más chico, con menor inversión y escalable en el tiempo, y dicho informe estará presentado a más tardar en el último trimestre de 2021.
Además, para profundizar las garantías, desde la provincia se ha volcado el desarrollo sobre otros dos ejes estratégicos. En términos energéticos, San Juan ha avanzado en un plan de infraestructura energética necesaria para abastecer la potencial activación de los principales proyectos, requiriendo de una inversión de US$75 millones, 1.490 MW de capacidad otorgados -578 MW de energías renovables- y más de 800 km de líneas de electricidad construidas. Así también, se ha avanzado en lograr mayor competitividad a través de la disminución de costos asociados a la logística: en este sentido, el de-sarrollo de la obra del Túnel de Agua Negra -vinculante con la región chilena de Coquimbo- dará mayores accesibilidades a proyectos en los que los pormenores de infraestructura y transporte juegan un rol determinante para la toma de decisiones.
Mendoza: la incertidumbre económica reaviva el debate minero
Desde hace 12 años que la industria minera en Mendoza se ha paralizado y alejado por completo del foco productivo de la provincia. Por decisión política tras la sanción de la ley 7722, en territorio mendocino se optó por frenar el desarrollo de proyectos mineros que requieran de la utilización de sustancias químicas. Sin duda que se ha tratado de un marco normativo erigido a partir de cuestiones arbitrarias relacionadas al medioambiente que, sin embargo, aún hoy continúan sin ser aclaradas. Ello decantó, en medio de intereses políticos y pujas de distinta índole, en la mera prohibición y la consecuente desestimación de información empírica respecto a la posibilidad de desarrollar algunos proyectos en armonía social y ambiental.
Más allá del efecto que ha generado esta baja en el sector minero a nivel nacional, la pros- cripción de la actividad impactó de forma taxativa en el pasar económico de la provincia, cuyos aportes al PBI nacional comenzaron a retroceder hasta alcanzar su nivel más bajo en 2017 con un 2,63% de participación versus el 3,93% que la provincia generaba en 2005 según estimaciones de la CEPAL. En esta línea, la Universidad de Cuyo confirma un estancamiento en el Producto Bruto Geográfico (PBG) mendocino desde 2011, prevaleciendo una tendencia de menor dinamismo durante los últimos diez años, y señala que “mientras la Nación tardaría 21 años en duplicar su producción bruta, Mendoza podría tardar 39 años”.
Si bien la explotación de minas y canteras fue uno de los sectores más golpeados en la provincia en el último tiempo, no sólo por la prohibición minera sino también por una desaceleración en la industria del petróleo y gas –en 2013 este rubro representaba el 8,5% del Producto Bruto Geográfico y en la actualidad se contrajo a cifras cercanas al 6%-, el declive económico a nivel país y algunas problemáticas internas que afectaron también a la industria agrícola y manufacturera generaron una espiral crítica para la provincia que culminó, entre sus múltiples efectos, por reactivar el debate minero como una especie de salvaguarda ante la crisis. Esta discusión estuvo más que en boga durante los últimos tres años y logró, tal como afirma el subsecretario de Energía y Minería, Ing. Emilio Guiñazú, un tratamiento sin fundamentalismos después de mucho tiempo fruto del trabajo activo de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CaMEM) y las empresas proveedoras de la provincia.
En esta vía, para Marita Ahumada, geóloga y secretaria de la CaMEM, “la actividad minera metalífera ha sufrido una parálisis total desde la sanción de la ley 7722, pensada no en la defensa del agua o el ambiente sino en bloquear el desarrollo de este tipo de actividad”, pero advierte que sin embargo “se observa con renovado optimismo el esfuerzo de diversas cámaras empresariales locales que pujan por la reactivación de la actividad”, y fruto de ello se han presentado recientemente en la Legislatura provincial dos proyectos modificatorios de la ley, así como fuertes respaldos a favor de la industria por parte de funcionarios y otros dirigentes políticos.
Desde CaMEM, Marita Ahumada observa que las perspectivas son alentadoras al corto plazo dadas las diversas manifestaciones en pos del desarrollo de la actividad efectuadas por los candidatos más importantes para acceder a la gobernación, a la vez de señalar que la proyección futura dependerá de las condiciones legales que pueda ofrecer la provincia: “El desafío de Mendoza pasa por superar la traba de la ley 7722 y crear un marco jurídico estable que permita la atracción de inversiones, sobre todo para abrir puertas a la exploración. Otro desafío es conseguir comunicar adecuadamente los alcances de la actividad y llegar a la comunidad con una información objetiva y racional respecto a la industria. Los avances en el último tiempo han sido lentos y con proyectos de bajo impacto, como el proyecto de exploración Hierro Indio, pero se ha logrado avanzar hacia un mayor entendimiento respecto a que esta norma es claramente discriminatoria y constituye un cepo para la actividad minera, estableciendo condiciones inviables que no han podido ser superadas por ningún proyecto en 12 años”.
Al ser consultada por la potencialidad minera de Mendoza, Marita Ahumada dejó en claro el auspicioso panorama que le podría deparar a la provincia si se avanza hacia un destino común para las provincias de Cuyo en materia minera: “El potencial geológico mendocino se basa principalmente en la presencia de una de las fajas cupríferas más importantes del mundo, la faja de pórfidos de cobre del Mioceno. Esta faja metalogenética incluye en el tramo mendocino pero del lado chileno el mayor clúster cuprífero del mundo con Los Bronces – Andina y la mayor mina subterránea de cobre del mundo, El Teniente. Los trabajos exploratorios históricos en la provincia han podido reconocer que dicha faja entra en territorio mendocino, y se identificaron una serie de blancos de exploración, algunos ya convertidos en proyectos mineros actualmente ‘dormidos’ como Cerro Amarillo o Tango. Pero el potencial geológico mendocino no se limita a esa faja: se conoce también el potencial de la faja Pérmica que ingresa desde San Juan y que incluye el proyecto factibilizado de cobre y oro San Jorge; también los depósitos epitermales del Bloque de San Rafael que incluye el proyecto avanzado Don Sixto; y en el ambiente de Cuenca Neuquina con las arenas cupríferas y uraníferas como la antigua mina Huemul al sur de Malargüe”.
