Las provincias buscan fortalecer y dar desarrollo a sus economías, factor que abre el debate no sólo por la reactivación de la minería en determinadas zonas del país, sino también por la búsqueda de instrumentar nuevas alternativas para generar crecimiento en tiempos ajustados.
El debate sobre la potencial reactivación de la minería en Mendoza, que se suma a los recientes movimientos realizados en Chubut, se inició luego de que el senador del PJ-Unidad Ciudadana, Alejandro Abraham, presentara un proyecto para modificar la Ley Provincial N°7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.
La iniciativa, a la que el oficialismo dio luz verde en la provincia, se une al llamado de funcionarios de distintos partidos políticos que pidieron por «ampliar la matriz productiva mendocina» en un contexto de desaceleración de su industria y donde el 27% de sus habitantes se encuentra en la línea de pobreza. El referente de Unidad Ciudadana, Juan Jofré, en tanto, y Jorge Difonso, intendente municipal de San Carlos, se expresaron negativamente respecto a este nuevo giro en el tratamiento de la minería en Mendoza.
Al igual que en Chubut, el factor económico y la intención de generar nuevos focos productivos en tiempos de crisis es clave a la hora de definir el futuro de la ley. En Mendoza, el nivel salarial promedio en el sector privado fue de $ 21.634 en el 2° trimestre de 2017, un 19% por debajo del promedio nacional y un 2,6% inferior al valor regional. A su vez, el ingreso per cápita fue de $ 6.405 en dicho trimestre, monto que fue un 15% inferior al promedio observado en la totalidad de los aglomerados del país ($ 7.522) y un 3% más bajo que el guarismo regional.
Ante Radio Mitre Mendoza, el senador Abraham señaló que «una ley siempre es debatible y actualizable», e instó a ampliar la matriz productiva: «“Lo que no tenía la 7722, que lo incluimos acá, son mayores garantías económicas como establecer un seguro ante cuestiones ambientales. Lo que nosotros estamos poniendo ahora, es que además de ese seguro tiene que haber una constitución de garantías reales para que cuando se den oportunidades de cierre de la mina, abandono de la mina que se dé la remediación de terrenos. La actual legislación no decía nada”.
