Finalmente, luego de que en vísperas de fin de año el Senado y los diputados mendocinos dieran luz verde al proyecto de modificación de la Ley  7722 para impulsar el desarrollo minero en Mendoza, presentado por el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados derogó la denominada “ley minera” que proponía la utilización controlada de sustancias químicas, y es por ello que no habrá actividad minera metalífera en la provincia. 

Duró poco. La ley 9209, sancionada a fines de diciembre con un amplio aval en el Senado y que permitía el uso de sustancias químicas a excepción del mercurio, impulsada por el flamante gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, no recibió el apoyo esperado fuera del recinto y, ante la presión de ciertos sectores sociales, se decidió dar marcha atrás a la iniciativa que había alcanzado un amplio consenso político (36 votos positivos, 11 negativos y una abstención en Diputados, y 28 votos a favor y 7 en contra en Senadores).

De esta forma, y pese a la incertidumbre económica que azota a la provincia desde hace muchos años, el gobernador Suárez anunció que no reglamentará la norma y que trabajará en un diálogo multilateral que incluye a los sectores productivos, políticos, científicos y ambientalistas con la finalidad de arribar a alguna potencial alternativa para superar este escenario. Así, el lunes 30 de diciembre, y aludiendo a la falta de licencia social, el Senado provincial aprobó la derogación y tras un rápido paso en Diputados, en menos de dos horas volvió a estar vigente la normativa sancionada en 2007.

Entre los aspectos de mayor relevancia que vuelven a instalarse con la aplicación de la 7722 en la provincia, se destaca el artículo 1 que prohíbe el uso de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias en la minería; y el artículo 3, donde se determina que todo proyecto minero debe ser aprobado previamente en la Legislatura antes de avanzar en cualquiera de las etapas de exploración y explotación. Actualmente, el único proyecto que ha sorteado estas etapas es Hierro Indio, ubicado en Malargüe, cuya exploración ha sido autorizada por el Poder Legislativo. El pasado 5 de noviembre, el Senado convirtió en ley la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto con 30 votos a favor y uno en contra.

Un nuevo revés para la industria minera de Mendoza. La fuerte apuesta realizada por el gobernador Rodolfo Suárez, que contaba con un amplio aval político, se vio truncada por los movimientos sociales. También es preciso recordar que Suárez accedió a la gobernación luego de cosechar más del 51% de los votos, con más de 15 puntos de diferencia sobre su contrincante, y el impulso de la actividad minera fue uno de sus ejes de campaña. Y un departamento con una rica historia minera y alto potencial geológico como Malargüe ha mostrado su total disconformidad con el retorno de la ley 7722.

En este preciso momento es necesario reflexionar y reconocer que se ha comunicado e informado, pero ello no ha sido suficiente de momento que existen ciudadanos con dudas genuinas, pero también existen grupos radicalizados que siembran el pánico infundado. Ahora, y más que nunca, es preciso tener en cuenta una legendaria frase de Indira Gandhi: “No hay peor contaminación que la pobreza”