La industria minera es madre de industrias. Eso lo decimos
quienes creemos verdaderamente en la minería, no por ser fanáticos sino porque
de esta actividad derivan todas las industrias; no hace falta enumerarlas,
basta con decir que no existirían nuestras ciudades, nuestras casas, nuestros
automóviles, nuestra tecnología.
Hoy nos enteramos a través de los medios de prensa
sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que se expidió respecto a la constitucionalidad
de la Ley de Glaciares. Considero que el debate no pasa por si la legislación
es constitucional o no. Aquí, lo importante es que se puede legislar, preservar y cuidar el medio ambiente para las
generaciones futuras, pero sin descuidar que vivimos y tenemos un presente.
Así, seriamente debemos preguntarnos si la minería sirve o no para el
desarrollo de nuestro país. Creo que esa es la verdadera interpelación que
debemos hacernos todos: políticos, industriales, trabajadores, empresarios,
comunidad en general, y entender que el federalismo es oportunidades para todos
los argentinos no solo para un sector, que por más grande que sea no puede
obstaculizar oportunidades de crecimiento para muchos, sobre todo en un momento
en el que el mundo pide minería, en el que se demandan nuevos proyectos y en el
que Argentina tiene la oportunidad histórica de convertirse en un gran actor
internacional y a su vez, la minería convertirse para la Argentina en el motor
que reactive e impulse su economía.
Por otra parte, debemos reconocer que esta ley tiene
ambigüedades: técnicamente hay que avanzar en definiciones más precisas; el
inventario de glaciares se demoró, y tantas cosas más. A esta ley la podemos -y
debemos- mejorar con otra ley que nos permita un estudio regional, definiciones
técnicas claras, perfeccionar algunos conceptos. Hay mejores herramientas de
control, un Acuerdo Federal Minero que aumenta
considerablemente los estándares ambientales; tenemos un ámbito de
diálogo e interacción entre el COFEMIN-COFEMA, que debemos utilizarlo para
generar leyes que sirvan verdaderamente para el desarrollo de cada región,
permitiendo poner en valor nuestros propios recursos.
Desde el Consejo Federal Minero venimos bregando por
eso, como órgano asesor del Estado nacional nos preocupamos y ocupamos de este
tema como de tantos otros que hacen al
verdadero sentido federal. Pero lamentablemente, hoy vemos el resultado de otra
improvisación que se suma a un largo derrotero.
Por todo esto, más que nunca ratificamos que la minería es política de Estado, que es fuente de desarrollo y trabajo genuino y que la industria minera cumple con todos los estándares ambientales: las empresas mineras están obligadas a acogerse a los parámetros y controles exigidos en cada distrito y cada estado federal debe controlar y fiscalizar, es su deber como garante del bien común. Sabemos y nos consta que las provincias hacen lo posible y lo que está a su alcance para desarrollar la minería, pero con eso solo no basta. Necesitamos ser competitivos y para eso se precisa infraestructura, una política económica que abra las puertas a la inversión, seguridad jurídica, jerarquizar las instituciones y sobre todo generar ámbitos de consenso donde los verdaderos actores sean quienes tomen las decisiones trascendentales pensando en nuestro presente y el bienestar futuro de todos.
Por Ing. Rodolfo Micone,
Secretario de Estado de Minería de la Prov. de Catamarca
Pte. del Consejo Federal de Minería
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