La no inclusión de las retenciones a las exportaciones de productos mineros dentro de la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias fue el resultado generado a partir del diálogo y las negociaciones entre el gobierno nacional y los mandatarios cordilleranos. Los gobernadores dejaron en claro que las provincias mineras habrían salido perjudicadas con la reincorporación de las retenciones ya que esta industria juega un rol vital en su esquema económico y social. Es preciso aclarar que el concepto retenciones no es coparticipable, por lo que se habrían quitado fondos que luego no hubieran retornado a las provincias.
Cabe distinguir que el Presidente Mauricio Macri había abolido esta medida a principios de año en un claro y abierto compromiso con la minería; y en el contexto de discusión sobre el Acuerdo Federal Minero para consensuar políticas de largo plazo, surgió la arremetida por parte del arco opositor para reestablecer una medida distorsiva como las retenciones. Ésta no tiene ningún paralelo en el mundo, y los antecedentes indican que lo único que se alcanzó fue la pérdida de competitividad de la industria minera nacional.
Existe una opinión generalizada en el sector de que el descartado retorno de las retenciones mineras era una medida de corte netamente político y no económico. Las cifras publicadas por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros demuestran que la eliminación de las retenciones representó una disminución de aportes al fisco de US$128 millones en 2015; cifra sobre la que se puede considerar la conservación de más de 12.600 empleos, sostenimiento de más de 2.350 Pymes proveedoras, e ingresos por exportaciones del orden de los US$1.300 millones. Todo esto, producto de la extensión o sostenimiento de la vida útil de muchos centros operativos que estuvieron cercanos a su cierre como Bajo la Alumbrera, Pirquitas, Manantial Espejo, Casposo y Sierra Grande.
La visión del arco opositor en relación con la reinstauración de las retenciones mineras resultaba cortoplacista porque arremetía contra una actividad productiva para tapar un agujero fiscal demasiado grande. La Argentina necesita un debate profundo para realizar una reforma impositiva de fondo, donde estén convocados técnicos y expertos tributarios que brinden opiniones calificadas, y no recurrir a medidas infundadas como el retorno de las retenciones mineras.
En conclusión, la incorporación de las retenciones habría desencadenado una avalancha de presentaciones ante la justicia por parte de las empresas mineras, perjudicadas por el cambio en las reglas de juego. El retorno de las retenciones no sólo habría violado la seguridad jurídica, sino que el status de seriedad de nuestro país para atraer inversiones habría quedado mancillado. La industria minera requiere de previsibilidad, y para ello es imperioso el mantenimiento de las reglas de juego. Se trata ni más ni menos, de cumplir con la palabra.