Fragmento de la entrevista a la Ing. Carolina Sánchez, Secretaria de Política Minera de la Nación, en lo relacionado a la sustentabilidad y las proyecciones de su administración en el actual período. Edición N°478 de PANORAMA MINERO.
Argentina se ha integrado recientemente a la iniciativa global de transparencia para las industrias exctractivas EITI. ¿Qué beneficios y proyecciones acapara esta integración y cuál cree que será su impacto en la industria minera particularmente?
EITI contribuye a la gestión abierta y transparente de los recursos naturales no renovables, cuyo aprovechamiento debe contribuir al desarrollo sustentable y beneficiar a todos los ciudadanos. Esta iniciativa propone la participación de un grupo multipartícipe -integrado por la sociedad civil, compañías mineras y petroleras y el estado en sus áreas de minería e hidrocarburos y en todas sus jurisdicciones- para la divulgación de información sobre licencias y contratos, supervisión de producción, recaudación de impuestos, distribución de ingresos y la gestión de ingresos y gastos. En el standard 2019 hay algunas incorporaciones como la distribución sistemática de datos, que es la oportunidad de compartir la información con distintas categorías de uso que fluye por los propios sistemas de información de gestión pública, por ejemplo.
Desde el EITI se promueve un buen clima de inversión no sólo porque el estado y la sociedad establecen un diálogo transparente, lo que reduce el riesgo social de los proyectos, sino porque da una clara señal a los inversores de la gestión y el enfoque que se le da a estos recursos naturales, combatiendo las oportunidades de corrupción. Además asegura al país la llegada de inversores que exhiben los términos de sus contratos y licencias, así como informan el origen de los fondos de inversión y los beneficiarios reales de la actividad.
El Estado Nacional, a su vez, informa los ingresos de la actividad en forma de impuestos u otras formas (acuerdos de infraestructura, por ejemplo) de modo que se hace visible la contribución de la actividad a la economía nacional y provincial. Esta información puede ser fundamental para mejorar la distribución de beneficios y consecuentemente la aceptabilidad social de la actividad.
En materia de sustentabilidad y correcta gestión de los recursos, ¿qué pasos ha dado la administración nacional en los últimos años relacionados a la aceptación social y las mejoras en el relacionamiento y tratamiento comunitario y ambiental?
Es importante considerar que la gestión de los recursos naturales es materia de jurisdicción provincial, las provincias detentan la titularidad dominial de los recursos naturales y la función institucional respecto a cómo administrarlos. Desde la cartera nacional se fijan pautas para armonizar una política nacional de cara a los inversores extranjeros y de asegurar el cumplimiento del Código Minero Argentino.
Lo que se persigue desde el ámbito nacional es brindar las condiciones apropiadas de desarrollo de la actividad con un marco legal que garantice la aplicación de las mejores prácticas disponibles por parte de las compañías, el relacionamiento temprano de los proyectos con las comunidades donde se asientan, el ejercicio del control y monitoreo de la actividad por parte del estado, y un marco normativo estable que brinde certidumbres para la toma de decisiones de inversión y el ejercicio de la administración; todo esto para lograr que Argentina incorpore a la minería en su economía.
Por eso hay ejes de sostenibilidad que se gestionan en las Mesas de Competitividad Minera que impulsamos con el ministro de Producción, Dante Sica. Para dar sustentabilidad y desarrollo equilibrado de los territorios donde hoy y en el futuro se asentarán los grandes proyectos mineros del país, es necesaria una infraestructura básica con beneficio tanto para la actividad como para comunidades locales. En esto trabajamos en esquemas mixtos de inversión, planificando con prospectiva de mediano y largo plazo, convocando a todos los actores de la provisión de servicios energéticos, así como de la infraestructura vial y ferroviaria. Trabajamos en la reducción de los costos logísticos, aumentando la capacidad de transporte de los ramales ferroviarios y desarrollando Vaca Muerta, que nos permitirá tener un precio competitivo de convergencia para el gas en 2023 de US$3,5 los miles de millones de BTUs.
Con el Ministerio del Interior trabajamos en el desarrollo de los Planes Estratégicos Territoriales, donde fortalecemos capacidades en los municipios para que planifiquen su desarrollo, presupuesten y ordenen el crecimiento. Y para el aspecto ambiental, avanzamos en el diseño de una política nacional de sustentabilidad, convocamos el trabajo coordinado permanente de nación y provincias con sus áreas de ambiente y minería a través de sus Consejos Federales para la evaluación ambiental de los proyectos mineros, para la gestión de evaluaciones en proyectos con influencia de la Ley Nacional de Glaciares, y dimos cierre y publicación a una guía para incorporar las mejores prácticas para el cierre de minas, fortaleciendo las capacidades de las provincias en la evaluación de planes de cierre. Construimos participativamente con las provincias en el ámbito del COFEMIN, pero también con participación de la industria, el proyecto de Ley de Cierre de Minas, un proyecto maduro que considera el fondeo del cierre sin comprometer el desenvolvimiento económico del proyecto.
La aceptación social se construye con el tiempo y con el correcto desempeño de todos: el gobierno nacional y provincial, las compañías que desarrollan sus proyectos mineros en el país, y la sociedad civil participando responsablemente en el ejercicio de sus derechos a la información. Desde las neurociencias ya tenemos evidencias que no alcanza con sólo brindar información para acercar posiciones polarizadas respecto a cualquier tema, parece que la base está en la construcción de confianza. Y esto nos impone un reto como sector: tenemos que ser todo lo bueno que decimos que tiene la minería.
En los últimos 4 años no han proliferado proyectos de legislación que prohíban directa o indirectamente la actividad, no han surgido focos de conflictividad y en jurisdicciones donde la actividad está prohibida, nunca se ha avivado tanto el debate social como en estos últimos años. Debates que hemos acompañado en los territorios donde se dan. Tal vez esto sea uno entre otros motivos, que incrementaron los presupuestos exploratorios en los últimos años en el país (+ 90% entre 2015 y 2018) y la participación de Argentina como destino de inversiones para exploración en relación a otros países de la región.
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