La riqueza geológica del subsuelo no es garantía para el desarrollo de un proyecto minero. Además del potencial intrínseco brindado por la naturaleza, es preciso trabajar intensamente con las comunidades del área de influencia de un emprendimiento minero, y ello desde las etapas más preliminares. Es imposible el avance de un emprendimiento minero sin su correspondiente legitimidad: difícil de construir y fácil de romper. La comunicación abierta, como generadora de la mayor confianza entre todos los grupos de interés: comunidades, empresa minera, y gobierno.
Mientras que la cadencia de la economía global acentúa la participación de la minería y expone la madurez del sector como un actor concluyente en el funcionamiento de los países, la gestión eficiente de las políticas estructurales en las que la industria interactúa con las comunidades se acrecienta de forma visible en los territorios mineros. Para la próxima década, el desafío será avanzar en el de-
sarrollo federal y generar nuevos consensos que permitan una diversificación armoniosa de la actividad económica en beneficio de una Argentina competitiva y equitativa.
Un futuro bajo en carbono que consolida la participación de ciertos minerales críticos en medio de este cambio de paradigma internacional podrá resultar prometedor para el sector durante los próximos años en función de la alta demanda proyectada, no sin antes motorizar una serie de transformaciones imprescindibles en torno a las prácticas sociales y continuar más profundamente con un proceso de equilibrio socioambiental que se ha ido posicionando en el centro de las responsabilidades mineras desde que la industria comenzó a pensarse a escalas cada vez mayores.
La minería es una actividad con una injerencia indudable en este período de alto dinamismo atravesado por la revolución tecnológica y la sofisticación de los sistemas de producción. El polarizado contexto internacional, mercados cada vez más agresivos y una serie de acuerdos globales relacionados al medio ambiente y el futuro del transporte y las energías demandan de mayores recursos estratégicos y la apertura a la explotación de nuevos yacimientos, cuyo desarrollo requiere, en una espiral virtuosa, de una mejora constante por parte del management minero y la inclusión de nuevas tecnologías y saberes aplicados que maximicen los beneficios y minimicen su impacto para acompañar las exigencias sociales, en paralelo a adherir a los protocolos internacionales que nuclean al sector y que fijan los alcances de la actividad.
En sintonía, el agotamiento del ciclo de vida de grandes minas irrumpe en la toma de decisiones de las compañías de mayor poderío e impulsa la puesta en marcha de nuevos proyectos, para los que será necesario trabajar desde cero en la licencia social y acompañar esa construcción a través de relaciones de mutuo beneficio pensadas a largo plazo. El impacto minero, crecientemente visible en el desarrollo productivo y económico de los países, infiere de una forma determinante en las comunidades y los territorios donde se encuentran los depósitos minerales, en los que la actividad tendrá que hilar fino y promover la creación de un ecosistema integrado que permita dejar atrás la dicotomía que se debate detrás de la histórica puja sobre si “minería sí o minería no”. Será de utilidad, en este sentido, generar consensos multiactor que tengan como base el cuidado ambiental, la rigurosidad científico-técnica, y dejen en claro que la industria, suscribiendo a los estándares internacionales, es capaz de generar beneficios sostenibles y contribuir, en paralelo, a los objetivos ambientales, sociales y de diversificación económica que precisan los países de la región para emprender el camino del crecimiento.
Aunque en términos masivos aún resulte difícil comprender por qué es la minería una actividad ubicua y esencial, la generación de conciencia respecto a este punto es primordial para mejorar la relación con la ciudadanía. Por mucho que se haya comentado, existe una resistencia social a creer en la importancia que posee la industria y la participación que ejercen los distintos minerales en el día a día de los ciudadanos, pese a que el mundo requerirá, según el Banco Mundial, aproximadamente el doble del volumen de minerales y metales que usa actualmente para alimentar las necesidades futuras. Poder acercar a la sociedad los modos de acción de la actividad, por demás alejada de los grandes centros urbanos y de la que poco se conoce sobre su operación puertas para afuera, facilitar el acceso a la información, explicar las particularidades técnicas, legales, de utilización de recursos y relacionadas a la responsabilidad empresarial y política que se circunscriben desde la etapa prospectiva a la puesta en producción de un yacimiento son algunos de los aspectos necesarios a los que se debe hacer frente. No obstante, es necesario destacar que no sólo la minería, en función de los tiempos actuales, se enfrenta a esta problemática que traspasa la esfera de la comunicación: a nivel general, el empresariado posee un valor positivo de confianza cercano al 18%, seguido por las instituciones políticas, con un 22%, frente a los medios de comunicación que registran un 39%, y las ONGs con un 48%, dos de los actores que mayor influencia ejercen en la temática minera.
Cierto es que la minería aún no ha logrado impregnar la representatividad necesaria como para instalarse en el debate público como una actividad con peso propio, especialmente en un país identificado con la agroindustria, y es este un reto mayúsculo para el sector en un contexto cada vez más tecnologizado y globalizado, donde el camino parece estar allanado para consolidar su apertura, alejada ya de la periferia en la que se la ha sabido ubicar a la actividad tiempo atrás producto de situaciones particulares. En esta línea, el contexto económico y sociopolítico, junto con la reputación general del sector, es clave a la hora de alcanzar la legitimidad ya que, especialmente en el ámbito minero, la experiencia de los stakeholders con respecto a su entorno y los acontecimientos previos con otras compañías afectan proporcionalmente a la generación de relaciones sinérgicas entre la sociedad y los nuevos proyectos.
Como actividad económica cuyo potencial podría brindar un resguardo económico comparable en el país al de industrias como el agro o los hidrocarburos, dicho impacto podrá generar un crecimiento ostensible y más que positivo al catalizarse un desarrollo basado en la confianza y la maximización de los beneficios comunes. Para el International Council on Mining And Metals (ICMM), “las percepciones que las partes interesadas tienen de los costos y beneficios de la minería en general, y cómo estos se distribuyen, inciden en la interacción directa de una compañía y los actores implicados”. Por ende, dado que la igualdad se relaciona con la distribución comparativa de los recursos, las perspectivas que las partes interesadas tienen sobre cómo se ven afectadas por un proyecto de explotación minera influyen enormemente en los niveles de apoyo comunitario, informa el ICMM.
Una forma de abordar el desafío social es a través de la creación de sistemas colaborativos de transparencia que permitan poner en valor, de manera multisectorial y sujeto a protocolos internacionales ya validados, los aspectos de mayor utilidad para la promoción de nuevas minas y la concreción del desarrollo necesario en las comunidades donde se generará el impacto. Según un estudio del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (IFC), se observa con optimismo la creciente relación entre las operaciones mineras y las comunidades locales en los últimos años, especialmente fruto de la incorporación de programas prácticos y modernos que permiten aumentar las probabilidades de éxito a través de la identificación de las fortalezas y problemáticas que se desprenden de la interrelación entre el estado, la sociedad y las compañías operadoras, para evaluar así cuán viable resulta un proyecto y si el mismo podrá ejecutarse en armonía y de manera sostenible en el tiempo.
Entre los distintos aspectos de relevancia, el Banco Mundial señala en primer lugar que las compañías precisan con igual importancia de la obtención de la licencia legal como de la licencia social, que decanta del trabajo realizado en los procesos de consulta, una participación continua y consolidada en función de las inquietudes de esas comunidades, y el mejoramiento del diálogo trilateral entre la empresa minera, la comunidad o región involucrada y los organismos de gobierno tanto nacionales como provinciales.
Como segundo punto, este diálogo deberá orientarse específicamente a la sostenibilidad. Este es, para el Banco Mundial, el principal tópico a trabajar al momento de avanzar en la composición tripartita: “Los casos más exitosos en relación a la actividad minera y la sociedad se encontraron en aquellos proyectos donde las comunidades locales se involucraron gradualmente en proporcionar muchos de los bienes y servicios necesarios por las empresas mineras. Para asegurar que esto suceda, las comunidades requieren el apoyo de las compañías no sólo en lo económico, sino también en el área social, cultural y ambiental; especialmente en las primeras etapas de la operación”. El informe señala que estos ejes también necesitan ser abordados con anticipación ante un eventual cierre de mina, refiriendo a uno de los casos más renombrados por las comunidades al momento de validar un proyecto. La falta de perspectivas futuras al finalizarse la explotación, la utilización del recurso hídrico, el impacto en la flora y la fauna, la capacitación y contratación de mano de obra local y la retribución económica son, con frecuencia, las temáticas de mayor preocupación social.
Sin embargo, con la correcta instrumentación de políticas integrales, las comunidades locales podrán organizarse, negociar y aprovechar las potencialidades que proporciona la minería, a la par de capacitarse no sólo profesionalmente sino también como actores sociales activos que logren impulsar cambios en la región y participen del desarrollo comunitario, pudiendo incluso poner en marcha otras actividades paralelas. Un ejemplo de esto es el caso del proyecto de litio Centenario-Ratones, ubicado en Salta, donde mediante el trabajo conjunto entre la minera Eramine, el gobierno provincial y las comunidades locales del departamento de Los Andes se conformó la cooperativa Quewar, la cual produce quínoa como una fuente alternativa de ingresos respaldada desde la producción agropecuaria hasta la comercializa- ción, e impacta directamente en los índices locales de malnutrición infantil a la vez de disminuir los esfuerzos de las trabajadoras andinas tradicionalmente abocadas a la cría de camélidos.
Así, se observa que la minería tiene un rol determinante en las regiones donde se desarrolla, y por ende las repercusiones culturales, especialmente en los pobladores originarios, pueden ser grandes. Pero el impacto será positivo o negativo en función no de la actividad en sí sino del marco regulatorio y la gestión operativa que se lleve adelante en esos proyectos. Para ello, en las regiones con amplio potencial geológico se debe fomentar la formación, educación y capacitación de sus habitantes, brindándoles las herramientas necesarias para elegir en función del bien común cuál es el rol que le compete a la actividad minera en esos territorios; y de forma anticipada al otorgamiento de las licencias, anunciar cómo se pretende abordar una futura interacción. Esto implica un cambio de visión de 180 grados y la promoción de sistemas abiertos de comunicación y diálogo en los que se articulen prácticas comunes en torno a la resolución de los conflictos de interés y se respete la voluntad social.
La legitimidad es un proceso constante y dinámico, difícil de construir y fácil de romper, que se logra al alinear las políticas de un país y su marco social, económico y jurídico con las expectativas de las comunidades y las actividades que pretenden realizar las compañías en esos territorios. La construcción de relaciones positivas depende, de esta forma, del grado de compatibilidad de estos intereses o las potenciales complementariedades que puedan surgir para alcanzar una coexistencia equilibrada.
Como detalla el ICMM, “si bien las comunidades y las compañías mineras poseen generalmente intereses dispares, esto no significa que no puedan ser compatibles o, como mínimo, que se puedan adaptar entre sí”. Para que las comunidades tengan un interés común en la puesta en marcha de un emprendimiento minero se deben compensar los costos que significa el desarrollo de ese proyecto desde todas las variables posibles. De modo similar, para que una compañía tenga un interés común en satisfacer los intereses de una comunidad, debe creer que esto no será un impedimento para alcanzar sus metas.
El relacionamiento multidireccional es crítico a la hora de evitar conflictos, identificar las preocupaciones sociales y las deficiencias de los sistemas productivos; y específicamente en el área minera, lograr desmitificar los procesos que se llevan a cabo en el desarrollo de los recursos naturales integrando a la población en esquemas participativos que pueden ser readaptados en función de los requerimientos en constante cambio que acaecen en el país. Esta comunicación abierta permitirá generar mayor confianza y promover una comprensión más cercana de las voluntades e inquietudes que los pobladores poseen sobre su ecosistema, lo que se traduce no sólo en mayores posibilidades de éxito para las partes, sino que además permite la formulación de nuevas estrategias y dota a los organismos públicos de mayores datos para cuantificar las acciones ejecutadas en los territorios mineros.
