En la provincia de Mendoza, mucha agua ha corrido bajo el puente desde la sanción de la ley 7722 en 2007: más de una década en la cual hubieron muchos intentos para dar vuelta la historia y permitir el de-sarrollo de la industria minera. Numerosos esfuerzos quedaron truncos bajo el poder de una normativa que prohíbe lisa y llanamente la minería.
Pareciera repetitivo informar el alto potencial geológico de la provincia de Mendoza: una amplia diversidad de minerales y metales hacen de la jurisdicción cuyana uno de los más interesantes destinos en lo que a riqueza del subsuelo refiere. De la misma manera, es necesario remarcar que cualquier desarrollo minero se ejecuta en paralelo a los más estrictos controles ambientales y de respeto por las comunidades. De esta manera, se generaría un importante y estratégico impacto en las economías regionales, con efecto multiplicador a escala provincial e incluso nacional.
La minería no es ni más ni menos que una industria lícita. Es una verdad de Perogrullo, que no requiere de mayor análisis. Y, en pleno siglo XXI, es necesario dejar de lado mitos, creencias erróneas y pensamientos sin ningún sustento técnico o científico. Para ello, es preciso informar y difundir para dejar en claro que la minería no tiene nada que ocultar, y que es una industria como cualquier otra.
El 5 de noviembre pasado, el Senado de la provincia de Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Hierro Indio, un emprendimiento histórico que produjo hierro durante los ’70, y cuya mineral se enviaba a San Nicolás, para la industria siderúrgica de la ex SOMISA. Capitales nacionales tienen la firme intención de revitalizar este proyecto. Más allá de que se encuentra en etapas muy preliminares, y que falta mucho camino por recorrer para pensar en una fase productiva de Hierro Indio, se logró la primera instancia que es la citada DIA, teniendo en consideración la vigencia restrictiva de la ley 7722.
Es menester aclarar que los operadores del proyecto en cuestión dieron un paso previo: se llevó a cabo una audiencia pública en la localidad de Malargüe, instancia en la que cualquier ciudadano podía realizar consultas respecto a de qué se trata la industria minera, y del proyecto Hierro Indio en particular. El operador no estaba obligado legalmente a realizar una audiencia pública, pero en una actitud de apertura y transparencia presentó el proyecto y evacuó todas las dudas e interrogantes.
En el caso de avanzar hasta la instancia productiva, Hierro Indio estaría contemplado como un proyecto de pequeña escala, pero de alto impacto: por un lado crearía valor a nivel local, pero por otra parte –y tal vez por sobre todas las cosas- estaría sentando las bases del retorno de la industria minera a la provincia de Mendoza.
De esta manera, la provincia de Mendoza comienza a sumarse a aquellas jurisdicciones que han apostado por la minería, y cuyos resultados están a la vista. Las experiencias de San Juan, Catamarca, Santa Cruz, Salta y Jujuy son ejemplos rotundos de que habilitar la actividad minera bajo estrictos controles ambientales no es solo una decisión estratégica enmarcada en políticas de estado sustentables en el tiempo, sino en la carta de éxito para las generaciones presentes y las que les sucederán.
