En función de la intención desarrollista que mantiene Argentina para equilibrar su economía, la diversificación productiva será clave en la gestión nacional y provincial durante el próximo período, donde la minería podrá ser uno de los puntales de las arcas públicas, a la vez de colaborar en la mejora de las finanzas. En medio de este proceso, prima un factor clave para concretar dichos objetivos: ¿Cómo hacer para dinamizar la industria bajo un entorno sustentable y mejorar la licencia social? Un análisis sobre las últimas novedades en materia de sustentabilidad y la mirada de los funcionarios encargados de definir las políticas.
Cierto es que por su magnitud y escala, la minería genera a lo largo del mundo un desafío mayúsculo en la puesta en ejecución al que los gobiernos, las empresas y los organismos afines tanto a esta industria como a todas aquellas ligadas a los recursos naturales han empezado a dar respuesta de forma acentuada para minimizar los riesgos y gestionar de forma eficiente la performance en los yacimientos, condición que colabora con la armonía social y ambiental, mientras que también ayuda a las empresas a modernizarse y adaptarse a las diversas tecnologías y protocolos que abundan en estos tiempos.
Comprender el rol determinante que la minería ejerce sobre su entorno es, en cierta medida, apuntalar las bases del futuro que le deparará a la actividad. Con los países referentes en la materia empujando esta transformación que fomenta la transparencia y mayores esfuerzos visibles desde todos sus estratos, se concibe hoy como nunca antes que no hay crecimiento minero posible sin el músculo social detrás avalando su desarrollo. Y es esta una de las princi- pales vicisitudes que atraviesa la industria en la antesala de un período dispar para ciertos metales, y que preocupa y ocupa de este lado y del otro de la cordillera, también en suelo chileno, por mencionar algunos de los casos más cercanos y emblemáticos que experimentan esta misma sintomatología.
Sostenible) fijados por la ONU
En cuestión de décadas, y con la ayuda de las redes y la revolución de las tecnologías de la comunicación, la minería ha ampliado sus alcances y responsabilidades, profundizado su protagonismo y consigo la participación e injerencia ciudadana, circunscribiendo así nuevas formas de ejercer la actividad y trabajando fuertemente sobre problemáticas como la de la minería ilegal, la contaminación y la utilización de los recursos fruto de la trazabilidad y el compromiso multipartícipe que se ha consensuado globalmente. Al respecto, los países ya no acceden a la adquisición de minerales cuyas fuentes son desco- nocidas o podrían verse emparejadas con situaciones conflictivas, a la vez que se exige que los productos sean cada vez de mayor calidad, con mano de obra local y un correcto tratamiento ambiental detrás.
Desde el plano macro, existen acuerdos guía que impulsan en todo el globo una agenda común para mejorar la sustentabilidad y las buenas prácticas, siendo los Objetivos para el De-sarrollo Sostenible (ODS), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), uno de los principales puntapiés signados por 193 estados miembro en 2015, apenas unos meses antes de la adopción del Acuerdo de París. Se trata de 17 objetivos y 169 metas que enmarcan la necesidad de avanzar hacia una noción más armónica respecto al crecimiento económico y las maneras de llevarlo hacia 2030. Según este organismo, la extracción a gran escala de minerales utilizados en las obras de construcción aumentó 34 veces en el siglo XX, mientras que la extracción de minerales con alto valor económico para fines industriales, por su parte, creció a un factor de 27, crecimiento que su- peró significativamente la cuadruplicación de la población mundial y un aumento de 24 veces en el PIB. A futuro, esta estadística podrá ser mucho mayor, atentos a la alta competencia que existe a nivel mundial en la búsqueda por liderar las industrias y la economía de la nueva década.
En esta vía, entre los resultados que se prevén a gran escala, la ONU, que afirmó que “la industria minera tiene la oportunidad y el potencial de contribuir positivamente a los 17 ODS”, prevé captar y unificar las demandas y necesidades relacionadas a los procesos mineros y el correcto cumplimiento de estándares respecto al manejo de materiales y efluentes, generar programas de interacción y sobre riesgos de contaminación en minería, y asegurar la transparencia en la implementación de estándares con información confiable y una interacción constante entre los gobiernos, la sociedad civil, las comunidades y los stakeholders.
La maximización de los beneficios de desarrollo de la minería, mientras se mejora la sostenibilidad ambiental y social del sector, se abordó por primera vez en el Plan de Implementación de Johannesburgo (JPOI) de la ONU, donde se identificaron las siguientes tres áreas prioritarias:
- Abordar los impactos y beneficios ambientales, económicos, de salud y sociales de la minería a lo largo de su ciclo de vida, incluida la salud y seguridad de los trabajadores.
- Mejorar la participación de las partes interesadas, incluidas las comunidades locales e indígenas y las mujeres.
- Fomentar prácticas mineras sostenibles mediante la provisión de apoyo financiero, técnico y de desarrollo de capacidades a países en desarrollo y países con economías en crecimiento.
De forma específica, la mayor organización internacional profundiza en que el impacto mi- nero podría verse reflejado en los ODS 6, 7 y 13, relacionados a sustentabilidad ambiental, como ser la protección de agua limpia y saneamiento y vida terrestre, el acceso a la energía y una correcta acción para el cambio climático; mientras que menciona, en lo relacionado a la inclusión social, a los ODS 1, 5, 10 y 16 para combatir la pobreza, promover la igualdad de género, reducir la inequidad social y fomentar la paz y justicia fortaleciendo para ello a las instituciones. Por último, en cuanto al desarrollo económico, se detalla la injerencia del ODS 8 relacionado al trabajo decente, donde la minería puede generar nuevas oportunidades económicas para ciudadanos y miembros de comunidades locales; y los ODS 9 y 12, que apuntan a optimizar y garantizar el acceso a la industrialización y la infraestructura y el uso responsable de los recursos respectivamente.
En el área local, son las provincias como responsables de los recursos y el Estado Nacional, como coordinador, quienes guí- an las políticas sustentables que impactan e impactarán en el ámbito minero, tratando de adoptar, en consonancia con lo que sucede a nivel internacional, protocolos y marcos que impulsen prácticas ambientales líderes y consigo una mayor licencia social para operar, destacando, en el plano interno, la concepción unificada y federal que han sabido generar las provincias mediante el trabajo articulado surgido de las distintas reuniones y procesos de consulta, con ejemplos recientes como el Protocolo de Buenas Prácticas para la Exploración y Producción de Litio en Salares de Jujuy, Salta y Catamarca, y las distintas mesas de competitividad minera que se han profundizado en el último año en una conjunción integral de los distintos actores afines.
Mientras que en cada territorio se sigue una línea particular de trabajo en base a legislaciones y políticas propias, y que muchas veces está sucinta a una labor diaria y constante fruto del intercambio entre el estado provincial, la ciudadanía y las empresas, también se desprenden otras novedades de relevancia como la reciente integración de Argentina a la iniciativa EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), un estándar global al que adhieren más de 50 países y que promueve la gestión abierta y responsable de los recursos tanto hidrocarburíferos como mineros. EITI Argentina está conformado por una unidad multipartícipe que reúne al Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, la sociedad civil y la industria, y permitirá alinear las políticas nacionales a los protocolos internacionales con mayores exigencias para las empresas que operen en esta región con el fin de avanzar en la explotación de recursos naturales en el país y mejorar las estadísticas, sobre todo en el ámbito minero, para el que el EITI señala que “en Argentina, la minería aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, aunque existe un crecimiento y se ha demostrado un gran potencial en diferentes provincias para proyectos de clase mundial”. De acuerdo con los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), las actividades relacionadas con la minería representaron el 1% del PIB del país durante 2017. Y claro está, la sustentabilidad es uno de los principales tópicos a mejorar para aproximar esta cifra a los dos dígitos, sobre todo considerando la prohibición y la falta de participación minera que sostienen algunas provincias con amplio potencial en términos geológicos.
También es preciso señalar en esta vía el rol de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que firmó en octubre de 2016 un convenio con la Mining Association of Canada (MAC) para adoptar el programa de sustentabilidad canadiense Towards Sustainable Mining (TMS) a la industria minera nacional con ocho protocolos clave ligados a cierre de mina, seguridad y salud, comunicación, manejo de relaves, acercamiento comunitario, usos del agua, gestión electrónica y preservación de la biodiversidad. En la actualidad, el HMS se encuentra en pleno proceso de adopción y trabajando en la capacitación de las empresas adherentes bajo una estrategia que contempla generar una mayor sensibilización de la alta gerencia con la implementación de estos protocolos, desde la pequeña a gran minería, a la vez de seleccionar coordinadores y facilitadores en cada yacimiento para dinamizar su desarrollo. También, desde CAEM se han firmado en esta sintonía distintos convenios que colaboran a mejorar la accesibilidad del programa HMS en el ámbito local tanto con la Cámara de Empresarios de Medioambiente (CEMA) como con AIDIS, la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, y el Centro de Investigaciones Municipales Aplicadas (CIMA).
Así, de forma unificada, la minería argentina, aún con profundos desafíos por delante en materia de transparencia y relacionamiento comunitario, se encuentra en plena construcción de una identidad más comprometida y ligada a su entorno, transitando la misma senda que los principales países con amplias proyecciones mineras en base al panorama que se divisa a futuro. Definir a la sustentabilidad como política de estado, que a través del trabajo en múltiples bandas y con consensos multiactor persiga el objetivo sustancial de generar una cultura sustentable, es una necesidad más que imperiosa. Eso implica mitigar los riesgos, fomentar la correcta comunicación y aplicación de estándares, pero sobre todo comprender y trabajar sobre las preocupaciones históricas que la sociedad posee respecto a esta y otras actividades económicas de magnitud. El futuro del planeta es una de las temáticas centrales para la población en la actualidad, y nos encontramos en el período histórico de mayor participación social al respecto. Por ello, es necesario poner en valor los beneficios de la actividad y no perder de vista que la minería, bien ejecutada, puede colaborar a las metas fijadas para los próximos años en beneficio del ecosistema y las comunidades.
Minerales como el litio, el cobre, el cobalto, el níquel, el manganeso, el aluminio, el grafito y otros tantos componentes serán claves para la fabricación de baterías y automóviles eléctricos y también para las industrias renovables, y la persecución de los objetivos ambientales acordados al 2050 por más de 196 países que pretenden abandonar paulatinamente el uso de combustibles fósiles, la fuente de energía primaria en estos tiempos, tiene que servir de estímulo para promover una minería proactiva y cercana a estos nuevos paradigmas; a la par de potenciar la producción de muchos otros metales de vital relevancia para mejorar las aleaciones, mejorar las tecnologías y profundizar los desarrollos con los que los países compiten en los mercados mientras se genera, en paralelo, una revolución sustentable a escala universal.
